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Durante mucho tiempo, la Iglesia Católica en los Estados Unidos ha apoyado una reforma a nuestras leyes de inmigración de tal manera que reflejen la realidad de la migración en el mundo actual y respeten la dignidad de los que emigran. La mayor parte de los inmigrantes lo único que buscan es una oportunidad para apoyar a sus familias o se encuentran huyendo de la violencia y persecución. La Iglesia Católica no promueve la inmigración ilegal. La inmigración ilegal deja innumerables personas, cuya labor es esencial para nosotros, en las sombras bajo un estatus de segunda clase. Nuestras leyes actuales no les proporcionan ningún camino viable hacia la legalización de su estatus. Las hace vulnerables a la explotación ya que no son capaces de defenderse cuando son tratadas injustamente. Muchas de ellas son víctimas del robo de sus salarios: en ocasiones no les pagan o no les pagan lo que les prometieron. Muchas de ellas son explotadas a través de la trata de personas.
Aun cuando la Iglesia Católica en los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal, si apoya una reforma migratoria integral que ayude a inmigrantes a obtener la residencia permanente y a abordar la raíz de las causas de los problemas de inmigración. La Iglesia Católica se opone a las políticas de inmigración de «cumplimiento de ley», tales como la SB 4, cuyas medidas dejan a los inmigrantes, legales o de otro tipo, sumergidos en las sombras y más vulnerables a la victimización y la explotación. Esto tiene el potencial de hacer difícil o imposible que los inmigrantes reporten crímenes contra ellos mismos o sirvan como testigos de crímenes cometidos contra otras personas por temor a enfrentar un arresto o deportación. Esto afectará tanto a los inmigrantes documentados como a los indocumentados. El proyecto de ley del senado aborda un síntoma del problema pero no el problema en sí: la necesidad de una reforma integral.
La gran mayoría de los inmigrantes que han llegado al estado de Texas lo han hecho porque necesitan un trabajo y nuestra vibrante economía cuenta con puestos de trabajo en abundancia. O bien, se encuentran huyendo de la violencia y la persecución. Estos inmigrantes no representan una amenaza para nuestra seguridad; por el contrario, dependemos de ellos y de su trabajo para muchos servicios básicos. Ellos son miembros de nuestras parroquias. Aprehender y deportar a quienes sí representan una amenaza para nuestra seguridad: los miembros de cárteles, traficantes, contrabandistas y terroristas; debería ser el enfoque de nuestros esfuerzos, no el hacer aún más difícil la vida de las personas vulnerables y trabajadoras, para quien la vida ya es lo suficientemente difícil.
Pidámosle a Dios que nos guie y que guie a todos en nuestra legislatura mientras consideran este asunto tan delicado, para que el resultado responda mejor a los intereses de todas las personas en nuestras comunidades.